Desalojo de la Villa San Luis: Segregación y pugna político-social Las Condes – 1973
Desalojo de la Villa
San Luis: Segregación y pugna político-social
Las Condes – 1973
Karen
V. Oyola Espinoza; karenoyolae@yahoo.com
RESUMEN
El
presente trabajo tiene por objeto problematizar sobre los programas de
reubicación de población durante el Régimen Militar, completamente opuesto a idénticos
programas de la Unidad Popular ,
a través del estudio e investigación del caso del Desalojo de la
Villa San Luis, ejecutado a partir del año
1973.
Por
medio del caso estudiado, ejemplificar las motivaciones y características del
programa de reubicación de población en la Región Metropolitana ;
su forma de ejecución y el contexto histórico que lo enmarca.
Además,
dar cuenta de la violencia en la concreción de la reubicación de la población
desalojada de San Luis, que se desarrolla en un contexto de violencia política
y violación de Derechos Humanos.
DESALOJO – VIVIENDA – VIOLENCIA POLÍTICA – DISTRIBUCIÓN
DE POBLACIÓN
Desalojo de la Villa
San Luis: Segregación y pugna político-social Las Condes –
1973 by Karen Oyola Espinoza is licensed under a Creative Commons
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En
1971, el gobierno de la Unidad Popular
a través de la CORMU
(Corporación de Mejoramiento Urbano) comienza la construcción de un complejo de
departamentos, en el terreno del ex fundo San Luis, en el corazón de Las
Condes, con el propósito de dar urgencia a las demandas habitacionales que
habían quedado sin respuesta en los gobiernos anteriores[1].
Se edificaron un total de 1038 departamentos, que según las políticas
habitacionales de la época, se “preasignaron” a diferentes campamentos y
comités de familias sin casa existentes en Las Condes[2].
En abril de 1972, comenzó la entrega de estas viviendas, previo Concurso Oferta[3]
a los asignatarios en conformidad a las nóminas debidamente registradas en la CORHABIT (Corporación de
Servicios Habitacionales), institución encargada de estas asignaciones y la
recaudación de los dividendos respectivos[4].
La correcta y
legal asignación de estas viviendas, de acuerdo a los decretos y normas
vigentes en la época, se ve modificada días después del golpe militar. En 1973,
San Luis convertido en un complejo habitacional de departamentos, que a esas
alturas llevaba el nombre de Población
Ministro Carlos Cortés, comienza una perturbadora transformación. El 14 de septiembre de ese año, los militares
irrumpen en las viviendas, dando paso a una seguidilla de abusos y vejámenes,
hacinamiento e injusticias, que van a culminar en un programado
desalojo masivo y abusivo de las familias que las habitaban.
Poco a poco las
familias comienzan a ser desalojadas el mismo año 1973, transportados en
camiones de basura y avisados con pocas
horas de anticipación. Los muebles y
pertenencias son arrojados por los balcones, la violencia desmedida no escapa a
lactantes, los que reciben golpes e insultos, ante la impotencia de sus padres[5]. Las familias, en reemplazo de sus departamentos,
avaluados en 25 millones de pesos[6],
reciben viviendas abandonadas por militares, en precarias condiciones y
destruidas; casas convertidas en basurales, sin ventanas e implementos básicos[7]. A medida que los departamentos van siendo
desalojados, son apropiados por familias de oficiales de Ejército[8].
El desalojo de la
Villa San Luis, iniciado el 14 de
septiembre de 1973, tres días después de ejecutado el Golpe Militar, constituye
el eje central de este trabajo, por el cual, se pretende demostrar constituye
un antecedente de las decisiones y ejecuciones en cuanto política de vivienda y
distribución de la población, efectuadas por el Régimen Militar.
En qué medida,
este antecedente es “el botón de muestra” de la distribución y segregación de
la población en Santiago.¿Qué propósitos políticos se pueden identificar en el
desalojo de la Villa San
Luis de Las Condes?
Para esta
investigación, recurrimos a entrevistas de pobladores que vivieron y fueron
desalojados durante el año 1973 y que desde 1997 se organizan en un movimiento
que reclama sus derechos que fueron violados por el Régimen Militar, esta
agrupación llamada “MOVIMIENTO RECONQUISTA DE NUESTROS DERECHOS” esta integrada
principalmente por pobladores erradicados a la Comuna de Renca. También revisaremos documentos y la
entrevista de uno de los Arquitectos realizadores del proyecto, Director de la CORMU durante el Gobierno de
Salvador Allende y que actualmente apoya las demandas de la agrupación de los
pobladores desalojados, Miguel Lawner.
Las problemáticas
habitacionales constituyen una de las principales reivindicaciones históricas
que la sociedad demanda al Estado, por tanto, la construcción de complejos de
viviendas no tan sólo es un problema social, sino también, es un problema político, por lo cual, el
Gobierno debe intervenir derivando de ellas claras y “concientes” políticas de
construcción y reubicación de la población. En cuanto a ello, movimientos de
población ya sea a través de la violencia –como en el caso San Luis- o por
políticas de construcción de viviendas básicas o la reubicación de campamentos,
derivan de una intencionalidad política
de parte de los agentes del Gobierno, que repercuten a nivel social.
El caso San Luis,
es el antecedente de una política urbana, totalmente opuesta a la del Gobierno
Popular de Salvador Allende[9].
La hipótesis
central de este trabajo es demostrar que el estudio general de los desalojos y
en particular el Desalojo de San Luis, puede evidenciar la puesta en marcha
–violenta o no- de políticas de distribución poblacional de la Ciudad de Santiago que
comienzan a enraizarse en las políticas de Estado.
Debido al
contexto y coyuntura histórica en que se lleva a cabo el Desalojo de San Luis,
de Dictadura Militar, por tanto, de represión y ocultamiento, el desalojo pasó
desapercibido para la prensa y la población nacional en general, no constituyó
en ningún caso una pugna y no se generó ningún movimiento inmediato de
confrontación (porque el contexto no lo permitía) no hubo manifestaciones públicas,
ni organización por parte de los desalojados.
Para lograr
nuestro propósito central, primero nos referiremos a la historia de la
Villa San Luis, la construcción del
complejo habitacional, las políticas vigentes de la época, la asignación de los
departamentos, el desalojo de 1973 y como el complejo va sufriendo
transformaciones, reasignaciones, variando de dueños, desde su construcción
hasta 1991.
En segundo lugar
trataremos sobre las familias desalojadas, su experiencia de desalojo y la
organización posterior, en relación a la lucha por conseguir, de algún modo, la
restitución de sus derechos e indemnización por las pérdidas materiales.
Por último,
revisaremos a groso modo, otros desalojos y erradicaciones realizados durante la Dictadura Militar.
Esta revisión se torna importante para poder confirmar nuestra hipótesis
central.
Es importante mencionar,
que las motivaciones para elaborar el presente trabajo se enmarcan en el
interés por presentar como se va estableciendo, a través de las ejecuciones y
políticas de la Dictadura Militar ,
la segregación de la población en la
Ciudad de Santiago.
Agradecemos la desinteresada ayuda de don Miguel Lawner,
Arquitecto encargado de la edificación de los departamentos en la
Villa San Luis y a los antiguos moradores
de éstos, Juana Erices y Manuel Yévenes, que actualmente integran el
“Movimiento reconquista de nuestros Derechos”. Y la ayuda incondicional, en la
corrección de este escrito de mi amigo entrañable, Iván Villablanca Canales,
siempre estarás en mi memoria.
1.- El Fundo
San Luis
El Fundo San
Luis, uno de los últimos predios existentes en Santiago durante los años
sesentas, era una propiedad de 153 hectáreas , que hasta 1970 permaneció como
un sitio eriazo[10]; ubicado en el corazón de
Las Condes, entre Avenida Kennedy como límite Norte hasta Los Militares por el
sur, entre Américo Vespucio al poniente y Nuestra Señora del Rosario por el
oriente[11]. Se
testó su sucesión a favor de beneficencia[12],
pero esta voluntad fue objetada por sus herederos, provocando una disputa legal
que paralizó su utilización durante varios decenios[13].
En 1967, a través de la CORMU se logran expropiar
los terrenos del Fundo San Luis,
conforme las atribuciones otorgadas por su Ley Orgánica[14];
pudiendo así en 1970, el Gobierno Popular, disponer de los terrenos en servicio
del Programa de Gobierno de Salvador Allende.
El Fundo San Luis
se transforma así en un patrimonio simbólico para la Ley de Expropiación, tanto de
Eduardo Frei, como la de Salvador Allende, significando un duro golpe a la
oligarquía chilena de la época.
2.- Complejo
habitacional, Población Ministro Carlos Cortés
Una vez
expropiado los terrenos que conformaban el Fundo San Luis, el Gobierno de la Unidad Popular ,
comienza en febrero de 1971,
a través de la
CORMU , la construcción
del complejo habitacional, dirigido a familias sin casas y habitantes de
campamentos de Las Condes, en concordancia con el Programa de Gobierno y en
respuesta a las demandas habitacionales de la población.
Mediante el
procedimiento “Concurso Oferta”, se asignaron siete sectores a diferentes
Empresas Constructoras y al Departamento de Ejecución directa de la CORMU. Se edificaron un
total de 1038 departamentos, que según las políticas habitacionales de la
época, se “preasignaron” a diferentes campamentos y comités de familias sin
casa existentes en Las Condes.
En abril de 1972,
comenzó la entrega de estos departamentos a los asignatarios en conformidad a
las nóminas debidamente registradas en la CORHABIT.
En paralelo a la
construcción del complejo habitacional, en 1971 por iniciativa del Comandante en Jefe
del Ejército, General Carlos Prats, se constituyó el Convenio Ejército de Chile
- CORMU[15]
destinado a formular un Plan habitacional para las necesidades del Ejército a
lo largo de Chile. En representación del
Ejército se desempeñaron como vicepresidentes el General Oscar Bonilla, durante
1972 y el General Arturo Vivero Avila, en 1972 – 1973; Presidente de tal convenio fue designado el
Director de la CORMU ,
el Arquitecto Miguel Lawner.
Este convenio
inició en Santiago dos conjuntos habitacionales, la Villa Militar del Oeste, ubicada en Maipú y la Villa Militar del
Este, en el sector vecino a la Escuela
Militar , del Fundo San Luis, el programa asignó un paño de
doce hectáreas del Fundo, para la construcción de 1.000 departamentos. El terreno del Fundo, adjudicado al Ejército,
fue absolutamente independiente del resto del terreno que siguió perteneciendo
a la CORMU destinado
a viviendas para los postulantes del MINVU o de la Caja Central de
Ahorros y Préstamos; y a parques o equipamientos diversos, señalados en el
Plano Seccional que reguló todas las construcciones a levantar en ese lugar.
La construcción
del complejo habitacional continúo su edificación en forma totalmente
independiente a la acordada para las Fuerzas Armadas[16],
hacia 1971 cuando recién habían comenzado las obras, se encontraban
preasignados 787 departamentos a los diferentes comités de pobladores[17], en
1972 se hicieron entrega de las primeras 250 viviendas[18], que
ha esa fecha había sido bautizada como Población Ministro Carlos Cortés, en
homenaje al Ministro de vivienda fallecido en 1971[19], y
bajo cuyo mandato se construyó la primera parte del programa habitacional. Ya
para 1973, y con parte de su proyecto en construcción, San Luis estaba
convertido en un complejo habitacional de departamentos, habitado por familias
constituidas mayoritariamente por trabajadores que ejercían funciones de
servicio; jardineros, criadas, lavanderas, chóferes como también pequeños
comerciantes y obreros[20].
3.- Irrupción
militar y desalojo ilegal
El 14 de
septiembre de 1973, a
pocos días del golpe, los militares irrumpen en el complejo habitacional
Población Ministro Carlos Cortés con parte del proyecto de viviendas en construcción,
comenzando un desalojo violento y arbitrario de las familias asignadas para su
ocupación, por las vías legales existentes en la época, y a pesar de que éstas
habían cumplido con la normatividad exigida y con el pago de sus dividendos[21].
Los primeros
desalojados fueron las familias identificadas como dirigentes de la población[22], los
que fueron trasladados en camiones basureros a viviendas abandonadas del Ejército, en la periferia de
Santiago. Algunos fueron instalados, en precarias condiciones, en viviendas mal
mantenidas, sucias y con una construcción de más de 14 e incluso 30 años; en
las comunas de Renca y la
Granja ; o simplemente arrojados en potreros alejados[23].
En sustitución a
las familias desalojadas, el Ejército instaló a personal del cuadro permanente
o suboficiales de la Institución[24].
En diciembre de
1978, culmina una sucesión de desalojos
masivos, con las últimas 112 familias, siendo así, desalojadas un total de 900
familias, de un bien raíz obtenido con total legitimidad. El primer desalojo se
ejecuta el mismo año del Golpe Militar, en 1973; el segundo y ya programada expulsión
en 1976 y el último en 1978.
A pesar de esta
ejecución, permanecen cerca de 100 familias, en los bloques del sector Nº7, sin saberse las causas de esta
excepción, que en 1988 fueron presionados por el SERVIU, para abandonar sus
viviendas, aludiendo a una ocupación ilegal, por tratarse de viviendas
militares; pero logra evitarse.
El desalojo
comienza con los funcionarios de Ejército atrincherados en el sector[25],
hacinando a las familias en sus departamentos, prohibiéndoles el libre
transitar y obligándolos a permanecer dentro de sus hogares, sin posibilidad
alguna de salir[26], obligándolos a una
rutina injusta. Comienza así una tortura sicológica, donde los militares
irrumpían en sus departamentos a cualquier hora del día o la noche, para
“revisiones de rutina”[27], si
no cumplían con las exigencias, autoritariamente impuestas, eran castigados,
amedrentados e incluso baleados[28]. Las cercanías de la Villa con la Escuela Militar ,
facilitaban de alguna manera este abuso, y tal vez, determinaron el desalojo.
Los legalmente
habitantes de los departamentos de la Villa San Luis, con dividendos al día, comienzan
a cancelar a 20 años plazo, una casa habitación antigua y usada, como vivienda
nueva, con deudas de luz y agua, perdiendo todo el dinero correspondiente al
ahorro y los dividendos cancelados para sus nuevos departamentos[29].
Mientras sus “legítimos” departamentos
son reasignados a familias y funcionarios de las Fuerzas Armadas[30].
4.- De
Población Ministro Carlos Cortés a Plan Inmobiliario Privado
Veinte años
después, el mantenimiento del conjunto habitacional, por parte del Ejército y
como de la Municipalidad
de Las Condes, evidenció una precariedad enorme, muchos departamentos fueron desmantelados,
parcialmente destruidos; los jardines y
áreas de estacionamiento descuidados y la
iluminación exterior casi inexistente[31].
El 12 de
diciembre, un día después de la elección de Patricio Aylwin como Presidente de la República , el SERVIU
METROPOLITANO (aún bajo el mandato de las autoridades del régimen militar),
transfirió al Ministerio de Bienes Nacionales los Lotes 13-A, 14-A, 15-A, 16-A,
17-A, y 18-A de la llamada Villa San Luis de Las Condes, mediante escritura pública inscrita a fs. 89074 Nº
63.726 del Registro de Propiedad de 1989 del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago[32].
El 21 de junio de
1991, mediante Decreto Nº 38, exento del trámite de Toma de Razón por la Contraloría , el
Ministerio de Bienes Nacionales, destinó al Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Guerra, Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, “para
fines habitacionales de la
Institución destinataria”[33], los
inmuebles fiscales asignados como lotes de terreno y Block de departamentos,
situados en la Villa San
Luis, con una superficie de 112.155,54 m2 .
Después de individualizar los lotes, el Decreto, indica textualmente lo
que sigue: “Si el Servicio beneficiario
no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si los cediere, a cualquier
título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para
ello el sólo informe de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes
Nacionales de la
Región Metropolitana de Santiago, que acredite cualquiera de
las circunstancias antes señaladas”[34]. Mediante otro decreto exento, el Nº 228,
aclaró que una vez tramitado este decreto, “sus
antecedentes deberán volver a la
División de Bienes Nacionales a objeto que proceda a informar
la transferencia de retazo excluido en favor de los ocupantes de dichos
inmuebles”[35],
quedando claro que las viviendas de los bloques 16 y 17 del Lote 18-A, deben
transferirse gratuitamente a las 95
familias que se libraron del desalojo en los años posteriores al golpe militar.
Estos decretos
legitimaron la apropiación de estos departamentos, efectuado por el Ejército
entre 1973 y 1978, pero la dejaron sujeta a que se consignara para fines
habitacionales de la
Institución destinataria, las Fuerzas Armadas.
En mayo de 1997,
el Diario El Mercurio[36],
informó que el Ejército había vendido los terrenos de la Villa San Luis, en 80
millones de dólares a una sociedad compuesta por los grupos Cueto, Zalaquett,
Sarquis, Martinez y Kassis[37],
para la construcción de un mega proyecto, innovador en Chile. El 15 de julio del mismo año, se da a
conocer, a través de la prensa el comienzo de la demolición de los Bloques de
departamento de la Villa San
Luis, en una ceremonia, encabezada por el alcalde de la época, Joaquín Lavín;
quien manejó una retroexcavadora empleada para esta demolición, y que no ocultó
su satisfacción por apoyar el proyecto de levantar un “Centro Integral de
Negocios” al estilo de los modernos centros de Estados Unidos y Europa.
Los terrenos
fueron vendidos por el Ejército en 1996, con la venia del entonces comandante
en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, a la llamada inmobiliaria Parque San
Luis, generando una discusión por el valor de esta transacción, por tanto,
estos terrenos poseían un valor real de 126 y 160 millones de dólares y no el
valor de venta final (80 millones de dólares)[38].
El sólo hecho de
la venta de los terrenos evidencia una irregularidad, por cuanto, lo estipulado
en los decretos Nº 38 y Nº 228 (aludidos anteriormente), los terrenos entonces
normados para la construcción “exclusiva” de complejos habitacionales del
Ejército, se venden a privados, para la construcción de un Mega proyecto. La
ubicación privilegiada del otrora Fundo San Luis, lo erige como un terreno
apreciable y altamente avaluado, rentable para cualquier asociación privada.
DESALOJO Y ORGANIZACIÓN
1.- Las
familias de la Villa San
Luis
Las familias
ocupantes de estas viviendas, y desalojadas por el Régimen Militar, estaban
constituidas por obreros, trabajadores domésticos y pequeños comerciantes, que
con esfuerzo y organización, habían ahorrado lo suficiente y requerido[39],
para la asignación legal de los departamentos de la
Villa San Luis. El tener su casa propia,
constituía un logro y satisfacción personal[40], que
cumplía con una de las principales e históricas demandas de la sociedad y que
en el Programa del Gobierno de Salvador Allende era prioridad. Eran
trabajadores que en su mayoría cumplían sus funciones para habitantes de la
misma Las Condes, y que aspiraban obtener solución habitacional en su propia
comuna[41],
donde habían tejido sus redes de trabajo, amistad y esparcimiento[42]. El
Presidente Salvador Allende, por tanto, privilegio la urgencia de las demandas
habitacionales de los sin casa y habitantes de campamentos de Las Condes para
el destino del Fundo; y así los trabajadores, no tan sólo obtuvieran su casa,
sino que también, permanecieran en la comuna.
2.- El
desalojo a través de los desalojados.
La experiencia de
ser despojados de un Derecho, legalmente obtenido, a través de la violencia y
arbitrariedad; la impotencia de no poder luchar ni confrontar al poder que los
aplastaba, va acumulando en el transcurso de los años, ira, rencor e impotencia[43].
Los pobladores
desalojados, primero sufren el atrincheramiento de los militares, provocando su
hacinamiento, el sentirse “prisioneros en su
misma casa”[44],
continuamente amedrentados física y psicológicamente, temiendo por su vida y no
pudiendo transitar libremente por los pasillos de su propio complejo
habitacional[45], posteriormente y con
sólo pocas horas de aviso, se les desaloja de sus hogares y son trasladados, en
camiones de basura, a casas completamente abandonas, precarias y medio destruidas[46]; una
vez ejecutado este segundo ejercicio, las familias desalojadas deben
reinstalarse en las viviendas asignadas, sin la mayoría de sus pertenencias[47].
Fueron despojados de sus viviendas, de sus ahorros, de sus pertenencias y de su
dignidad[48], sufriendo con todo ello,
tortura física[49]. Una vez “instalados” en
su precarias viviendas, los desalojados deben “regularizar” su situación legal,
por lo que, deben registrarse para pagar dividendos de las casas asignadas,
desvaloradas y arruinadas, como si fueran viviendas nuevas[50].
Mientras tanto,
sus hogares son ocupados por familias de Funcionarios Militares; el hecho que
las familias asignadas legalmente para ocupar el Complejo habitacional (según
la ley vigente hacia 1973) habían comenzado a habitar y a cancelar sus
dividendos a fines de 1972 y que para 1973 no estaban cancelados en su
totalidad, no poseían Título de Propiedad de sus viviendas[51], lo
que no tan solo facilitó el despojo, sino también, dificultó comprobar la
legalidad de su habitar en San Luis[52].
3.- Movimiento
reconquista de nuestros Derechos
Ante la
impotencia de estos acontecimientos, lo material, lo espiritualmente perdido y
la necesidad de restitución; y tras el consumado negocio que significó la venta
del deteriorado complejo habitacional por parte del Ejército[53],
motiva a los antiguos pobladores a reagruparse para exigir algún tipo de
indemnización[54]; es así como en 1997, las
familias se organizan en un movimiento llamado “Reconquista de nuestros
Derechos”[55] y comienzan así una
lucha, que lamentablemente, es poco
fructífera hasta el día de hoy.
La primera
dificultad, fue demostrar y acreditar la posesión legal de los departamentos,
puesto que, los militares quemaron cuentas de ahorro y todo documento que
avalara la legalidad de la ocupación, además de la inexistencia de los Títulos
de Propiedad.
Favorablemente
algunas familias conservaban las boletas de los pagos de sus dividendos[56], lo
que les facilita la legitimación como dueños de los departamentos de la Villa San Luis ante los
Tribunales, comenzando así el proceso de
acreditación de sus viviendas.
Derivado de esta
reclamación, surgen dos Litigios legales; el primero hacia la Inmobiliaria San
Luis, dueña de los terrenos, y en segundo lugar, hacia el Estado como ejecutor
violaciones de los Derechos de los Ciudadanos y como actual garante de los
mismos[57]. La
primera disputa, fue favorablemente resuelta el año 2005, hacia los integrantes
del movimiento[58] y a pesar que la segunda
fue también vencida por los pobladores el año 2004[59] fue
apelada por el Estado, y aún continúa en tramitación.
Actualmente, la
agrupación sigue luchando por la
reivindicación de sus derechos, la restitución de sus bienes materiales y con
esto la confianza por los estamentos estatales. A pesar de esto y que hacia el
año 2005 el movimiento continuaba dinámico[60], hoy
se encuentra parcialmente inactivo[61].
DESALOJO DE SAN LUIS, ANTECEDENTE Y
EJERCICIO DE POLÍTICAS DE ERRADICACIÓN, EN DICTADURA MILITAR
El caso de la
Villa San Luis, estudiado como
redistribución de población no es un caso aislado ni particular de este tipo de
ejecuciones en el período de Dictadura Militar, es por esto y porque éste se
desarrolla a pocos días de realizado el Golpe, que la
Villa San Luis, constituye, para esta
investigación, un antecedente de los flujos, movimientos y reubicación de la
población de Santiago desde el Estado, a través del Régimen Militar.
Existieron otros
desalojos durante el período estudiado[62], que
por realizarse en momentos de represión y ocultamiento, como en el caso de la
Villa San Luis, pasaron desapercibidos por
la prensa y la población nacional en general. A pesar de esto, existen dos
casos no olvidados, el campamento de Lo Barnechea y el de Colón Oriente[63],
trasladados en su mayoría a La
Pintana ; y ejecutados bajo los mismos parámetros del Desalojo
de San Luis.
La erradicación
se ejecutó principalmente en Santiago, Las Condes, Conchalí y La Florida , siendo las dos
primeras, las con mayor población desplazada[67]. Las
principales comunas receptoras de estas familias fueron, en el sector sur de la
capital, La Granja ,
San Bernardo y Puente Alto; en el nor poniente, Renca, Pudahuel y Quilicura; y
fuera del área Metropolitana (para el período), Colina, San José de Maipo,
Peñaflor y Paine[68].
Los sectores
dadores de población, constituyen en total el 52% [69] de
la población total neta reubicada.
CONCLUSIONES
El caso del
desalojo de la Villa San
Luis, estudiado como desplazamiento de población, nos hace pensar en una
política de reubicación a través, de parámetros materiales, es decir, la
distribución poblacional a través de los índices de ingresos de las familias
ubicadas.
El Programa de
Gobierno de Salvador Allende, contemplaba, entre otras cosas, políticas de
descentralización e integración social, que por medio de las políticas de
vivienda, se distribuía a la población, según sus necesidades, requerimientos y
disponibilidad territorial. Los trabajadores de la Comuna de Las Condes,
demandaban hogar, pero a su vez, demandaban no ser erradicados de su propia
comuna, por esto, el Presidente Salvador Allende, poseyendo un basto terreno
disponible para cualquier tipo de edificación, opta por la construcción de un complejo
habitacional, para suplir estas demandas, sin considerar la ubicación
estratégica, ni los índices de ingresos para tal efecto.
El Programa del
Gobierno Popular, no respondía a una ubicación segregada de población, como se
venía ejecutando desde la reestructuración de Santiago, por Vicuña Mackenna en
el siglo XIX, y constituía, por tanto, una distribución de población innovadora
y única para la Región Metropolitana.
Más bien respondía a una integración e interacción de distintas clases sociales
en la ciudad de Santiago.
La ubicación del
complejo habitacional, en el corazón de Las Condes, cercano a la Escuela Militar , puede haber
sido parte de las motivaciones para que su desalojo tuviera carácter de
urgente, ejecutándose tres días después del Golpe Militar. También es
importante tomar en cuenta, para efectos del desalojo, que parte de los
terrenos del Fundo, habían sido concedidos a la construcción de viviendas para
las necesidades de las Fuerzas Armadas; constituyendo también un antecedente en
torno a la ejecución del desalojo mismo y para la apropiación de todo el
complejo por parte del Ejército.
Actuar de forma
tan rápida y con tal prioridad, también es un signo de la fuerza y actuar
histórico de la elite de nuestro país, ya que más que una política de
segregación – y evidentemente lo es-, es el típico accionar de ésta cuando son
tocados sus intereses, sobretodo en el derecho a propiedad, es decir, cuando se
amplían o se democratizan el derecho de propiedad privada a sectores ciudadanos
no propietarios[70], cuando estos nuevos
propietarios no están dentro del circulo social –aristocrático- de los
propietarios tradicionales, considerando, además, la ubicación de tal
patrimonio.
Según el
historiador Juan Carlos Gómez, el derecho de propiedad siempre ha sido un
problema para la elite que ostenta el poder económico y parte del político. En
defensa del derecho de propiedad privada, estos sectores estuvieron dispuestos,
en primer lugar, a limitar los Derechos Políticos de los Ciudadanos y luego, simplemente, conculcar y violar los Derechos
Humanos, especialmente los derechos a la vida y la libertad, como una forma de
proteger sus propiedades[71].
Esta reflexión, puede graficar el desalojo de la Villa San Luis de Las
Condes, ya que el derecho de propiedad que reclamaba la elite y sobretodo el Ejército,
fue uno de los primeros actos de violaciones a los Derechos Humanos, no solo en
el derecho a la vida y la libertad, sino al derecho a la vivienda.
BIBLIOGRAFÍA
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NUESTROS DERECHOS, Personería Jurídica 164 de la Ley 19.418
La Época, UN PROYECTO DIGNO DE UN JAGUAR, 27
julio 1997
Las Últimas Noticias, PRESENTARON DEMANDA POR
VENTA DE VILLA SAN LUIS, 10 diciembre 1997
Las Últimas Noticias, DIRECCIÓN DE OBRAS
PERMITIÓ DEMOLICIÓN, 31 octubre 2000
Las Últimas Noticias, ESTUDIARÁN VENTAS DEL
EJÉRCITO, 12 julio 1998
Las Últimas Noticias, PERFIL DE LOS EX
SUBOFICIALES QUE SE NIEGAN A ABANDONAR DEPARTAMENTOS, ATRINCHERADOS ERAN
SOLDADO DE ELITE, 30 octubre 2000
Nacional, POBLADORES IMPUGNAN ENAJENACIÓN DE
MÁS DE CIEN MIL METROS CUADRADOS, OTRA POLÉMICA POR BIENES MILITARES, AHORA EN
SAN LUIS DE LAS CONDES, 22 julio 1998
[1] Miguel Lawner,
DEMOLICIÓN DE LA VILLA SAN
LUIS EN LAS CONDES, HISTORIA DE DOS DESPOJOS, Santiago junio de 2007, 2, en http://www.socioscorfuch.cl/pdf/Desalojo%20San%20Luis.pdf (julio 2005)
[2] Miguel Lawner, DESALOJO DE LA VILLA
SAN LUIS EN LAS CONDES, Memorandum versión 1997, Documento
interno Movimiento Reconquista Nuestros Derechos.
[4] Entrevista realizada a: Manuel Yevenes, poblador de la
Villa San Luis. Julio 2005
[5] Entrevista realizada a: Juana Erices, pobladora de la
Villa San Luis. Julio 2005
[6] Lawner, DESALOJO DE LA
VILLA …, Op. Cit.
[36] El Mercurio, EN LA
VILLA SAN LUIS DE LAS CONDES: Definen el
plan inmobiliario más grande del país US800 millones, 26 de mayo 1997.
[39] Entrevista realizada a: Manuel Yévenes,
Julio 2005
[64] Francisco Labbé y
Marcelo Llévenes, EFECTOS DISTRIBUTIVOS DEL PROCESO DE ERRADICACIÓN DE
POBLACIONES EN EL GRAN SANTIAGO, CEP Centro de Estudios Públicos, estudios
públicos Nº24, 1986, 198, http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1571.html pág.
(julio 2005)
[70] Juan Carlos Gómez, LA
FRONTERA DE LA DEMOCRACIA. DERECHO DE PROPIEDAD EN CHILE
1925-1973, LOM Ediciones, 2000, Santiago de Chile, 11
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